261 delincuentes sexuales han intentado trabajar con menores en España desde marzo

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(Noticia extraída de El Mundo 19 julio 2016 acerca de la reincidencia e insistencia de aquellos que se sienten atraídos por la infancia, de trabajar con ellos para poder tener aceso a niños)

La Ley de Protección a la Infancia lo ha impedido al obligarlos a pedir un certificado que reveló que están en el Registro de Delincuentes Sexuales

870.285 maestros, médicos, camareros o curas han solicitado el permiso. 40.661 personas están condenadas por violación, abuso sexual o trata.

Obligado por la Ley de Protección a la Infancia, el hombre solicitó su certificado de ausencia de delitos sexuales, el salvoconducto que le permitiera trabajar en un empleo relacionado con niños y niñas. Pero debió animarse a rellenar el formulario tirando de picardía o de estupidez, porque, unas semanas después, el documento que recibió del Ministerio de Justicia constataba sus antecedentes penales por abuso sexual y su inscripción en el Registro Central de Delincuentes Sexuales. Es decir, su imposibilidad para ejercer un trabajo con menores de edad.

Es lo que le ha pasado a 261 personas detectadas por la onda expansiva de la Ley de Protección a la Infancia, una norma que les ha impedido presentar un certificado que acredite que están limpias de cualquier antecedente de delito sexual. Por tanto, no podrán trabajar en contacto con niños o niñas.

Dado que los antecedentes caducan según el tipo de agresión, ya que en España los únicos delitos que no prescriben son los de «lesa humanidad y de genocidio», se trata de 261 individuos que aparecen en el Registro como delincuentes sexuales con sentencia firme y condena en vigor.

Es decir, dos centenares y medio de personas que estaban trabajando con menores sin poder hacerlo o que lo han pretendido en los últimos meses.

El freno lo ha puesto la Ley de Protección a la Infancia, aprobada a finales del año pasado y que desde el 1 de marzo exige la presentación de un certificado negativo de delitos sexuales a toda persona que trabaje o quiera trabajar con menores.

En su día, esa obligación levantó revuelo porque el mandato gubernamental no ofrecía -ni ofrece aún- un listado concreto de profesiones afectadas. Por eso, ante esa ambigüedad laboral, cientos de miles de personas han solicitado y obtenido el documento que les permita trabajar con menores.

Los datos a los que ha tenido acceso EL MUNDO cuentan que entre el 1 de marzo de 2016 -día en que entró en vigor la obligatoriedad del certificado- hasta el pasado 30 de junio, han solicitado el documento 870.285 personas.

La abrumadora mayoría de ellas obtuvo un «certificado negativo» de delitos sexuales. Pero el 0,03% recibió un «certificado positivo», según lo califican las tablas del Ministerio de Justicia.

Esos 261 «positivos» forman parte de un número mucho mayor, el que integra el Registro Central de Delincuentes Sexuales. Los últimos datos del Gobierno disponibles señalan que en España hay 40.661 personas con sentencia firme por delitos sexuales. De ellas, 2.506 son menores de edad.

Todas están fichadas en el Registro con datos sobre su identidad y, si lo ha establecido una resolución judicial, un perfil genético con información sobre suADN.

Y todas están condenadas por delitos contra la libertad y la indemnidad sexual, ya fueran sus víctimas mayores o menores de edad. Hablamos de abuso o agresión sexual, violación, acoso, exhibicionismo, corrupción de menores o trata de seres humanos con fines de explotación sexual.

Muchas de esas personas están en la cárcel, pero otras muchas no. Las que no ocupan una celda en prisión cumplen condena de otras formas (trabajos en beneficio de la comunidad, órdenes de alejamiento, multas…) y están en libertad o semilibertad.

Entre los 40.661 fichados en el Registro deberían estar los culpables de las 1.227 violaciones que se denunciaron en España durante 2015. Una cada siete horas y media, una estadística que parece brutal pero que sólo refleja la cima de una devastación que casi nunca se denuncia.

Y en ese Registro también deberían figurar los datos de los autores de los más de9.000 delitos contra la libertad sexual cometidos el año pasado, según cifras del Ministerio del Interior.

Aunque «por una obligación legal de protección de datos» el Ministerio de Justicia no informa de característica personal alguna, se deriva que, ya que están trabajando o pretendían trabajar, los 261 delincuentes sexuales que entre marzo y julio de este año han pedido el certificado y no lo han obtenido, está en libertad.

Y que es varón, ya que todos los estudios (desde los de Naciones Unidas hasta los de diversos ministerios españoles u organizaciones sociales que trabajan con víctimas de agresiones o violaciones) establecen que entre el 85% y el 95% de los autores de delitos sexuales son hombres.

El Ministerio de Justicia tampoco detalla el sexo o las profesiones del casi millón de personas que ha solicitado el certificado de ausencia de delitos sexuales.

Pero la casuística habla de, entre otros, profesores, médicos, psicólogos, animadores, personal de hostelería, educadores sociales y hasta sacerdotes. De hecho, las diócesis de Lleida y de Extremadura fueron las primeras en exigir el certificado a sus religiosos.

Aun así, quedan muchas profesiones que no saben a qué atenerse. «Nosotros participamos en la elaboración de la Ley de Protección a la Infancia, que, a grandes rasgos, nos parece positiva. De hecho, el Registro de Delincuentes Sexuales nos parece tan adecuado que el Comité de Derechos del Niño lo llevaba pidiendo desde 2010. Pero, dicho todo esto, la ley no concreta los perfiles profesionales que necesitan pedir el certificado. Hay un margen, una laguna, en el que no se sabe qué profesiones deben pedir el documento». Lo dice Ricardo Ibarra, presidente de la Plataforma de la Infancia, que reúne a 60 entidades de defensa y protección de los derechos de los menores.

La Plataforma cree que hace falta «más divulgación» sobre las profesiones afectadas y «más formación» a ONG y colectivos profesionales, para lo que está en conversaciones con el Ministerio de Justicia. «Falta información. Muchas empresas no saben a qué tipo de empleados afecta esta obligación. Un ejemplo: una empresa que organiza un campamento de verano sabe que sus monitores deben obtener el certificado. Pero, ¿y el cocinero?».

 

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